La iniciativa, presentada por el diputado Ignacio Mier y la diputada Aleida Alavez Ruiz, busca recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos del subsuelo mexicano. Con esta reforma, se eliminan esquemas como el terreno libre y primer solicitante, el carácter preferente de la actividad minera y la expropiación de terrenos para la explotación minera.
Uno de los cambios más relevantes es la modificación de la duración de las concesiones mineras, que ahora tendrán una duración de 30 años, divididos en 5 años preoperativos y 25 años de explotación efectiva. Además, se contempla la posibilidad de prorrogar la concesión por un periodo adicional de 25 años, permitiendo una titularidad de hasta 55 años.
En cuanto a las implicaciones sociales y ambientales, la reforma establece la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas antes de otorgar el título de concesión. También se condiciona la concesión minera a la disponibilidad hídrica, se prohíben concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas y se establece el Programa de Restauración Cierre y Post Cierre para la gestión de residuos mineros y metalúrgicos.
Finalmente, se propone una contraprestación del 5% de las utilidades obtenidas por la actividad minera a los pueblos y comunidades ubicados en zonas mineras.
Esta reforma ha generado controversia en el Congreso, con la oposición acusando a la bancada de Morena de “albazo legislativo” y de “faltar a su palabra”, ya que se prometió un parlamento abierto en la materia. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión.
La aprobación de esta iniciativa podría tener un impacto significativo en la industria minera en México, generando nuevos retos y oportunidades para las empresas y la sociedad en general. Será importante seguir de cerca cómo evoluciona la implementación de estas reformas y sus consecuencias en el sector minero y en el medio ambiente.
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