De todas las industrias la minería es, muy probablemente, la más incomprendida. Nuestra vida cotidiana depende de la disponibilidad de metales para aplicaciones en el transporte, telefonía celular, utensilios de cocina, computadoras, quirófanos y equipo médico, y un sinfín de usos más. Es difícil encontrar el equivalente a un “vegano mineral”. Y, sin embargo, es una actividad cuestionada y atacada por su impacto ambiental y rechazada por grupos sociales y organizaciones que consideran que tienen efectos nocivos en las comunidades donde se desarrolla.
En México, el presidente López Obrador ha estigmatizado a la minería más por motivos políticos que sociales. Su ataque se ha concentrado en la crítica a la entrega de concesiones mineras por parte de gobiernos neoliberales que, según él, se hicieron en circunstancias poco transparentes y que han entregado la mitad del territorio nacional a empresas, principalmente, extranjeras. Además, acusa a algunas de ellas de no pagar los impuestos correctos o de utilizar las concesiones para la especulación y no para la extracción del mineral.
Paradójicamente, el gobierno reconoce a tal grado el valor estratégico de la minería que continuó operando durante la contingencia de la COVID-19 y ahora se ha metido a actividad minera con la explotación del litio.
Como en otras partes del mundo, la minería en México necesita fortalecer su reputación, sobre todo en materia de protección del medio ambiente y responsabilidad social, aspectos que hoy se contemplan fundamentales para el progreso del negocio y del sector.
Este proceso depende de atender cuatro elementos claves:
1.- Actitud del gobierno. Cuando las autoridades, significativamente el presidente, se convierten en críticos de minería, las corrientes de opinión pública que alimenta son difíciles de revertir. La consecuencia es doble: (a) manda una línea muy clara de rechazo a funcionarios públicos que deben supervisarla y alentarla y (b) abre un mayor margen de maniobra a los grupos sociales y organizaciones no gubernamentales que tradicionalmente se han opuesto a su actividad. Por eso, el acercamiento al gobierno y a líderes que puedan servir de interlocutores, es clave para la industria para sensibilizarlo sobre sus acciones y beneficios.
2.- Investigación. Para definir una estrategia segura, la minería debe realizar una investigación precisa sobre dónde está parada: ¿Qué construye buena reputación? ¿Se reconocen sus beneficios? ¿Qué es lo que le da crédito entre la población? ¿Qué acciones debería emprender y qué herramientas puede utilizar para involucrar a la sociedad? ¿Cómo enfocar percepciones hacia las acciones de la minería actual? ¿Quiénes son sus aliados? ¿Cómo aprovechar testimonios y casos de éxito derivados de los programas sociales? En un ambiente tan enrarecido, la investigación de las actitudes públicas permitiría trazar una ruta segura para tocar las sensibilidades correctas en las personas pertinentes.
3.- Respuesta a temas críticos. Muchos de los temas que generan conflicto en el sector minero están relacionados con seis aspectos esenciales: (a) el uso del agua, (b) la tenencia de la tierra, (c) los beneficios sociales, (d) las formas de participación de la comunidad, (e) la concepción del desarrollo de la comunidad, y, (f) el respeto a las costumbres y tradiciones de la zona en la que operan. La calidad de las políticas e iniciativas que las empresas mineras diseñen para atender estos aspectos son vitales para poder operar sin obstáculos.
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4. Comunicación. Las percepciones sobre la minería están muy vinculadas al tipo de información que reciben los grupos interesados en su actividad. Es muy diferente el impacto que tienen los medios de comunicación o lo que comparten las comunidades al que tienen los trabajadores y los especialistas de la industria o quienes tienen oportunidad de conocer de cerca la operación de las minas.
Independientemente de la actitud del gobierno en turno, si la minería quiere construir o fortalecer una reputación que le permita mejorar su respaldo social, necesita concentrar sus esfuerzos en cuatro áreas: los beneficios socio-económicos que genera, las acciones que implementa para reducir el impacto de su actividad, la colaboración con autoridades y especialistas para seguir desarrollando esquemas de regulación y sostenibilidad, y la difusión de programas sociales y casos de éxito que son parte del sector minero.
Todos en México y el mundo necesitamos una minería sustentable porque muchas industrias no cuentan con sustitutos para sus procesos. El efecto del escrutinio sobre la actividad minera que ha detonado el gobierno del presidente López Obrador tendrá un efecto de largo plazo y, aunque el cambio de gobierno en 2024 quizás reduzca la presión sobre la industria, no cambiará de manera sustancial las actitudes de los grupos de los que depende para continuar sin obstáculos su operación. Es importante reconocer que la minería es vital para México y para muchas poblaciones remotas donde es la única opción de desarrollo. La clave está en que las acciones de impacto social y los beneficios de la minería sean más ampliamente conocidos y respaldados por la sociedad y que haya espacios de cooperación para reducir su impacto en el medio ambiente y las comunidades donde opera.
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