Jorge Young, presidente del Clúster Metropolitano de Energía, explicó que la explotación del litio en manos del Estado puede representar un retraso para el país puesto que obstruye la exploración y certificación de reservas de este mineral, que requiere técnicas distintas a la minería convencional y bien podría trazarse un plan para que privados asuman riesgos exploratorios en colaboración con el Estado mexicano.
Empresarios de las industrias energética y automotriz, así como los titulares de órganos técnicos en la administración pública pidieron alternativas para la explotación del litio como una colaboración de privados con el gobierno en la exploración del mineral indispensable para el nuevo modelo de transporte, que será mediante autos eléctricos en todo el mundo y en el que México tendrá que participar.
En el foro 16 del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica que se llevó a cabo este miércoles en la Cámara de Diputados, Jorge Young, presidente del Clúster Metropolitano de Energía, explicó que la explotación del litio en manos del Estado puede representar un retraso para el país puesto que obstruye la exploración y certificación de reservas de este mineral, que requiere técnicas distintas a la minería convencional y bien podría trazarse un plan para que privados asuman riesgos exploratorios en colaboración con el Estado mexicano.
Según él, la iniciativa tomó en cuenta el anuncio del descubrimiento de 243 millones de toneladas de litio en Sonora e incluyó la exclusividad del Estado en la explotación del litio basándose en la experiencia boliviana, donde sencillamente no hubo capital para saber cuánto de este mineral se podía explotar y por tanto se encuentra suspendida la actividad, a diferencia de Argentina y Chile, donde empresas privadas, con expertise de naciones como China y Corea, realizaron la exploración y certificación de reservas para luego abrir la participación de la producción a otros participantes.
“Sobre el litio, en lugar de que haya denostaciones hacia la IP, se podría llegar a un acuerdo entre el gobierno mexicano y las empresas que pueden realizar estos trabajos, y sería algo de beneficio mutuo incalculable”, aseveró.
En tanto, Alberto Montoya Martín Del Campo, titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria refirió que se requerirán 62 millones de automóviles, 220 millones de páneles solares y al menos 3 millones de kilómetros de nuevas redes eléctricas en 30 años para el crecimiento del país y la única forma de garantizar que se materialicen es la rectoría del Estado en toda la cadena de valor, que incluye también el almacenamiento de energía.
José Guillermo Zozaya Délano, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) consideró que la aprobación de la reforma a los Artículos 25, 27 y 28 Constitucionales traerá efectos negativos para la planta productiva de la industria automotriz en acciones como la eliminación de los certificados de energía limpia, que impedirá el cumplimiento de obligaciones ambientales ante los corporativos de las grandes empresas automotrices globales que ya no podrán producir en México.
Pero sobre todo, aseguró que puede haber represalias arancelarias a las exportaciones de manufacturas que no sean generadas con el estándar mínimo de emisiones de carbono, lo que golpearía severamente a su sector, ya que México es hoy el quinto exportador global de autopartes.
“El compromiso de la industria apuesta por producir cada vez más vehículos eléctricos que convencionales y para tal efecto es necesario contar con mayor uso de renovables, además de la obligación de bajar la huella de carbono en la producción automotriz”, aseveró.
En cuanto al debate sobre explotación exclusiva del Estado del litio, necesario para la fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico, consideró que cada vez más las empresas fabricantes de autos ligeros pondrán la mira en la fabricación de baterías y para ello se requiere conocer la situación real de las reservas de minerales estratégicos como el litio en el país y para ello se necesitan inversiones, que no es necesario que sean a cuenta del Estado, como pretende la reforma.
“Nuestro sector se encuentra en un proceso de transformación hacia las nuevas energías, vemos con buenos ojos que haya un esfuerzo hacia esta ruta y estamos dispuestos a colaborar como sea posible”, aseguró Zozaya Délano.
En tanto, Raúl Talán Ramírez, director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), recordó que por lo menos en 2018 no se cumplió la meta de participación de energía limpia en la canasta de generación y no hubo pronunciamientos de la industria en ese momento, en la anterior administración. Por tanto, consideró que el interés real no obedece a cumplir con las metas de combate al cambio climático, sino a mantener el estatus de dominio del mercado que tienen hoy los privados eléctricos en México.
En tanto, en el 2021 se generó 30.12% mediante energía limpia, cumpliendo ya con las metas y acuerdos internacionales y se podrá mantener la tendencia al alza para llegar a la meta de 35% en 2024.
“Al menos en lo que se refiere al sector eléctrico las metas están garantizadas con lo que se ha construido, pero hay que recordar que las emisiones de los generadores de energía son sólo el 18% de la industria y falta muchísimo trabajo en el resto del sector productivo nacional”, aseguró.
Por tanto, las energías limpias no son ni remotamente la única forma de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico, que es el que más dióxido de carbono aporta hoy en día entre los sectores productivos. También se debe trabajar en generación distribuida y eficiencia energética, lo que no se hará desde el mercado, por lo que es necesario devolver al Estado la rectoría de la electricidad.
Finalmente, pidió que el monitoreo de emisiones de carbono se efectúe en kilogramos por megawatt hora y no en porcentaje de participación de tipos de energía, como ocurre en las naciones más avanzadas.
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