Mineras aportan a fisco y PIB menos de 1% de su valor total de producción

Fotografía tomada por Juan Carlos Piña

El valor de la producción minera en el país alcanza 99 mil 816 millones de pesos, pero lo que paga en impuestos y aporta al producto interno bruto (PIB) nacional representa menos de uno por ciento, aseveró Aleida Azamar, investigadora de la UAM.

Además, destacó que a escala mundial, el “poder económico” de ese sector minero es de 1.5 billones de dólares, derivado de la capitalización bursátil, ya que apenas la empresa recibe la concesión “especula en la bolsa de valores sin siquiera producir”.

Tal es el caso, anotó, de lo que ocurre en el estado de Sonora, donde la dueña del proyecto de litio Bacanora incrementó el precio de sus acciones.

Durante la presentación del informe ¿Y después de la mina que? Hacia una política de cierre de minas, de la fundación Heinrich Böll, Azamar detalló que en lo refererente a la tributación, “en los años que más han pagado las empresas llega a 0.55 por ciento”.

En México, abundó, hay mil 200 proyectos mineros y al menos 374 conflictos socioambientales, que provocan incluso división entre las comunidades, debido a que al otorgarse las concesiones a los grandes consorcios, como Grupo México e Industrias Peñoles, también se les da el derecho al agua y a la tierra.

La investigadora indicó que mientras la actividad minera está en los poblados, tampoco hay riqueza económica para sus habitantes. De esta manera, dijo, la mayor parte de las 20 comunidades mineras más importantes del país “se caracterizan por altos índices de pobreza, carencia de servicios básicos, marginación y bajo nivel académico”.

Por ello, los especialistas, como Azamar y Leticia Silva, señalaron que la Ley Minera es “laxa y provoca desorden”, al carecer de una norma que regule de manera integral el cierre de minas y no provoque “pueblos fantasmas” en las comunidades donde estaban asentadas.

De dicha legislación, Azamar planteó que se requiere modificar 22 artículos, ya que “viola acuerdos nacionales e internacionales y entra en conflicto con la Constitución”, porque a pesar de que una empresa contamina, no le retiran la concesión “y así debería ser”.

La jornada